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En primer lugar, debe atenderse a la efectividad social y económica de los hogares en el contemporáneo contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de ofrecimiento asequible de vivienda, Campeóní como de sobreexposición financiera de los hogares al pago del locación, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Positivo Decreto-índole 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Cumplimiento de la condición: Es obligatorio para las empresas en Colombia cumplir con la normatividad válido.

2. Será necesario para poder suspender el emanación conforme al apartado preliminar, que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de diez viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por encontrarse en alguna de las situaciones descritas en la pago a) del artículo 5.1.

a) Se comprobarán un 30 % de las acreditaciones remitidas de acuerdo con el plan de conducta para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.

Esto permitiría extender el régimen transitorio para determinadas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de la UE y de la AELC, siempre que concurran los siguientes supuestos: se trate de inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas en España, o en empresas no cotizadas si el valía de la inversión supera los 500 millones de euros, y se realice en los sectores citados en el apartado 2 resolución 0312 de 2019 resumen del artículo 7bis de la Clase 19/2003, de 4 de julio, y pueda potencialmente afectar a la seguridad, orden o Lozanía públicos.

Acreditada la vulnerabilidad, antiguamente de la finalización del plazo mayor de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas indicadas en el documentación de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la pobreza habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su entrada a una vivienda digna.

1. Las ayudas se corresponderán con un porcentaje de financiación en el precio habitual de los títulos multiviaje y abonos ordinarios de los servicios de transporte terráqueo competencia de las administraciones beneficiarias, excluidos el billete de ida y vuelta y los títulos turísticos de cualquier naturaleza similar, para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

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2. En el caso de que una comunidad autónoma o entidad Específico exceptúe de la implantación de los descuentos alguno de sus abonos o títulos multiviaje del porcentaje de ingresos del apartado 1 de este artículo, se descontará el porcentaje aportado en la explicación responsable que hayan adjuntado a su solicitud según el apartado 8 del artículo previo.

Que si acertadamente el Decreto 393 de 2002 fue derogado una tiempo quedó expedido el Decreto 2260 de 2019 incorporado en el Decreto 1074 de 2015, la declaratoria de la nulidad de dicho acto burócrata por parte del Consejo de Estado, genera la falta de revisar la estructura matemática del modelo para la estimación de los derechos por registro y renovación de la matrícula mercantil, incorporando criterios en materia de progresividad y equidad derecho, permitiendo con esto, un beneficio claro tanto para los sujetos pasivos, como activos de la tasa contributiva que se recauda por estos conceptos.

Igualmente, concurre urgente y extraordinaria pobreza en la asesinato de la previsión de la Clase 47/2015, de 21 de octubre, que establece la aplicación de la cotización adicional de solidaridad a las personas trabajadoras por cuenta propia del Régimen Distinto del Mar. Según el texto refundido de la Calidad Militar de la Seguridad Social, esa cotización adicional es de aplicación monopolio a las personas trabajadoras por cuenta ajena.

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Además, se prevé la posibilidad de que por acuerdo de Consejo de Ministros se establezcan los requisitos que deben cumplir los planes alternativos de transporte, en situaciones en las que por alguna incidencia la capacidad de circulación quede afectada, para el posible establecimiento de bonificaciones temporales en las tarifas, y su financiación.